El Congreso debate la nueva ley de medios audiovisuales y se apresta a la aprobación del proyecto (2009)

UN ANIVERSARIO QUE PASARÁ A LA HISTORIA


La presidenta Cristina Fernández convocó al debate de la sociedad con la presentación ante el Congreso del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 27 de agosto último en que se celebró el día de la Radio. Por la cadena nacional de radio y TV se expuso la iniciativa oficial, que mereció numerosas correcciones y agregados desde los foros de debate, y el aporte de varios bloques legislativos. La norma reemplaza a la actual legislación impuesta en los tiempos de la dictadura militar. La criticada ley, la 22.285, está a un paso de ser historia. La real democratización del espectro radioeléctrico nacional y un cambio sustantivo en la actual concentración en la propiedad de medios está en el centro de la discusión. La postura de los multimedia y de sectores de la oposición que rechazan cualquier debate bajo falaces argumentos.


Por Claudio Morales*




Un nuevo aniversario de la radiodifusión argentina encuentra a la radio del siglo veintiuno en una etapa de plena vigencia, tal como sucedió a lo largo de los ochenta años de la anterior centuria, siempre al compás de los sucesivos cambios tecnológicos que la obligaron a cambiar una y otra vez hasta llegar al fenómeno actual de la escucha desde la red Internet. La fecha del 27 de agosto de 2009 adquiere mayor dimensión con la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Casa Rosada, por Cadena Nacional, por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular del Comfer, Gabriel Mariotto.


El Congreso Nacional se encuentra en pleno debate de un proyecto de ley que recibió un importante número de agregados y modificaciones en audiencias públicas, y de los bloques de la centroizquierda y otros actores partidarios que aportaron ideas y propuestas a la iniciativa del oficialismo. Constituye una verdadera deuda del sistema democrático actual tras 26 años de gobiernos constitucionales. Ninguno de los sucesivos proyectos presentados -casi 80- pudo ser debatido debido a las fuertes presiones de los grandes multimedios de la comunicación y sus socios de intereses representados en el ámbito legislativo. La actual legislación, la ley 22.285, fue sancionada durante la última dictadura militar.


Los pioneros de la radio, el mundo del siglo XXI


La radio argentina tiene una rica historia, impregnada por los vaivenes político-institucionales que la marcaron a fuego en cada uno de los interregnos democráticos y en los oscuros tiempos de dictaduras y de gobiernos cívico-militares, desde 1920 hasta el presente. Un 27 de agosto de ese año, el ruido y los sonidos espúreos del espectro radioeléctrico pasaron a la historia cuando jóvenes entusiastas -Luis F. Romero Carranza, César José Guerricó, Miguel Mujica y Enrique Susini- sacaron al aire del éter radial la primera experiencia de transmisión “broadcasting” del mundo desde el Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires, con la difusión de la ópera Parsifal. Bajo las siglas LOR Radio Argentina, Enrique Susini abría la emisión con las siguientes palabras: “Señoras y señores: la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Richard Wagner, Parsifal…”.


La década de los años veinte significó el comienzo de un medio que revolucionó al mundo de la comunicación humana, que transformaría a la humanidad en las primeras décadas del siglo veinte. La radio se constituyó en un verdadero fenómeno masivo en la medida que los fabricantes de receptores pensaron nuevos modelos de equipamientos de radio que permitieran la escucha sin estar al lado de la radio a galena y de los “grandes radioreceptores de hogar”, junto a la proliferación de medios radiofónicos y a una sensible mejora de la calidad de sintonía de las estaciones de radio.


Un medio siempre vigente, como en los días de la década de los años veinte. Con una popularidad tan en alza como en los dorados cincuenta de los radioteatros o en los explosivos setenta de un mundo que soñaba con ideales y utopías de un cambio solidario con una radiodifusión que exploraba el género del periodismo informativo desde la AM mientras corría con bravura la exótica FM.


La radio entraba en los hogares con una presencia arrolladora de un medio que hacía punta frente a la TV y a la prensa escrita. Iniciado el tercer milenio, este medio de modulación sonora pudo reponerse ante el avasallante accionar de la TV abierta y de la televisión por cable. Ante el paradigma de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) como pensamiento dominante en el planeta globalizado, la radio pudo sobrevivir al cambio adaptándose a los nuevos tiempos con la incorporación del satélite, la red Internet y la telefonía celular a la práctica periodística cotidiana.


Pero, más allá de los cambios y de las novedades en el espacio radiofónico, entre los últimos años de los setenta y la perdida década de los ochenta para las naciones del Tercer Mundo, se dio en la Argentina y en todo el mundo una curiosa explosión de emisoras de radio en el éter de la FM -fundamentalmente-, y en menor medida en la onda media, ante la carencia de medios sonoros o ante la insatisfacción con los ya existentes. Según la denominación de “libres” o “clandestinas”, con la recuperación de la democracia en el país se dio un proceso de instalación en cada población la necesidad de poseer su propia voz local. Y a partir de ahí estas nuevas radios se enfrentaron a sanciones legales desde el Estado y a la presión del poderoso medio empresarial que salió a disputarle palmo a palmo un lugar en el dial.


Los noventa mostraron a la radio en un soporte impensado como extraño, la difusión sonora desde las redes de computación. Extraño para muchos, exótico para otros. Absurdo para los más conservadores. Pero, lo cierto es que la radio aceptó el reto de la oleada informática para atraer nuevos oyentes a un medio que no rechazó el convite del tremendo impacto de la tecnología digital. En lugar de quedarse detenida en el tiempo y en el espacio, la radiodifusión sonora cambió sus propias reglas, las que se fueron diseñando a lo largo de una riquísima historia. De la escucha desde un receptor de radio a la captación de las ondas hertzianas a través de una computadora personal o desde una poderosa “notebook” (portátil). Inverosímil pero real.


La radio afrontó el desafío y ganó un espacio impensado. Se acortaron las distancias en un proceso de comunicación que ni el mismísimo Marshall Mac Luhan lo hubiera soñado. Cuando escribió sus ideas relativas a la aldea global pocos creyeron en la expansión de este medio radial. La instalación de Internet en el complejo mundo de fin de milenio encontró a la radio posicionada para asumir el reto, cada vez que un cibernauta navegara por la red se podría escuchar una emisión de radio en vivo. ¿Quién se hubiera imaginado esto varios decenios atrás? Sencillamente se lo habría tildado de demente.


Reacciones ante el proyecto de ley


La iniciativa de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentada por la Presidenta generó expectativas en casi todos los sectores involucrados en el mundo de las comunicaciones. De carácter antimonopólico y de neto corte progresista, significa un profundo cambio en el mapa de medios de la Nación. El mundo académico, las ONG´s y entidades sociales sin fines de lucro, la industria cinematográfica y el quehacer cultural, sectores políticos y sindicales recibieron con agrado la presentación del texto jurídico. En contraposición, la totalidad de los multimedios privados de radio y televisión como desde el medio gráfico y sus periodistas reaccionaron negativamente.


La crítica dura y descarnada al proyecto oficial de parte de reconocidos comunicadores de los grupos mediáticos, devenidos en portavoces de intereses económicos en nombre de la libertad de expresión, resulta todo un condimento a la falta de un debate profundo. Importantes sectores de la oposición, claramente enfrentados con el gobierno de Cristina Fernández hacen hincapié en una supuesta inconveniencia del momento elegido. Fueron los popes de la alianza opositora conformada por De Narváez, Macri y Solá, junto a la dirigencia de la UCR encabezada por el senador Gerardo Morales y a la líder de la ultra opositora Coalición Cívica, descalificaron el proyecto de ley sin ninguna piedad y sin ningún tipo de argumentos.


La dirigencia política opositora cree que con la renovación parlamentaria del próximo 10 de diciembre, los números les serán más esquivos al oficialismo. En ese marco puede entenderse la reunión mantenida por el vicepresidente Julio Cobos en su oficina del Senado con las fuerzas opositoras, para el diseño de una estrategia obstaculizadora del debate parlamentario. Incluso, imaginan un escenario de futura revisión en caso de sancionarse la ley de medios. En tanto, sectores de la centroizquierda cerraron filas a favor de una norma legal que cambie la legislación de la dictadura, con planteos y observaciones, pero respetando el espíritu y el concepto de un cambio de paradigma en la radiodifusión.


Unas pocas voces salieron a dar batalla, como el periodista Víctor Hugo Morales, “la ley es para evitar la concentración de medios, uno de mis problemas en Radio Continental (propiedad del español Grupo Prisa) es que todo mi discurso está en contra de los intereses de la radio. Ellos pierden como 10 radios”. Es el cierre de una etapa marcada por una peculiar forma de informar y de comunicar desde los medios a la sociedad, con una agenda de temas y contenidos diseñada por intereses económicos y políticos que se impusieron durante los gobiernos de la democracia.


El proyecto en debate


La iniciativa oficial define a la radiodifusión como un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información”. Se reconoce que “toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos”. En ese sentido, se contempla que la explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponible. Así, con el ánimo de impedir la formación de monopolios y oligopolios, habrá límites a la concentración, fijados no sólo por cantidad de licencias sino también por tipo de medio. Un mismo licenciatario sólo podrá poseer 10 medios de servicios abiertos. En la actualidad, la ley permite que una misma persona sea titular de hasta 24 licencias de medios.


El Grupo Clarín se constituyó en el mayor multimedios del país tras la modificación del artículo 45 de la actual ley 22.285, que impedía el acceso de los medios gráficos al campo de la radiodifusión. Así se le permitió legalizar su propiedad sobre Radio Mitre y Canal 13, obtuvo un impresionante número de frecuencias de radio y televisión en el interior del país, bandas de telefonía móvil y la casi absorción del mercado de la TV por cable con Multicanal, y la posterior fusión con Cablevisión, aprobada a fines de 2007 por el saliente presidente Néstor Kirchner pero denegada por la autoridad del Comfer hace unas semanas atrás.


El grupo pudo constituirse en un gigante multimedia al amparo de la ley de la dictadura y la permisividad de las autoridades de la democracia. Por eso, la reacción del gigante de la comunicación privada nacional frente a la posibilidad de debate de un nuevo instrumento legal para los medios encendió la alerta del gigante y le apuntan con despiadada fiereza al Gobierno. Con tapas dedicadas casi enteramente a golpear sobre los flancos débiles del oficialismo, noticieros televisivos y radiales con un agresivo discurso nunca observado hasta el presente y saliendo al ruedo a una disputa encarnizada, dejando de lado las reglas más básicas del periodismo.


Portadas negativas al estilo de “Presentan la ley para controlar a los medios”, mientras que la señal TN no deja de titular “Ley K de control de medios” en todos sus títulos de pantalla conocidos como zócalos. No hay medias tintas en los copetes de los periodistas del multimedia, las noticias se presentan editorializadas, opinadas sin ningún rubor. La sola crítica les genera como reacción “que quieren acallar a la persona independiente”. Resulta claro que el periodismo no es independiente ni objetivo. No puede serlo. Es subjetivo como todo en la vida. Miramos la realidad con determinada perspectiva de un lugar. Pero, las reglas, las normas de ética y la decencia imponen un límite, un respeto por el público de no tergiversar la realidad.


El marco de la iniciativa


El objetivo central es dar un nuevo marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual, con independencia del soporte técnico utilizado para su transmisión. Allí se busca la creación de nuevos medios, la descentralización y la desmonopolización de los ya existentes. Se garantiza como derecho humano universal el acceso a la información y la libertad de expresión. La redacción del proyecto se inspira en los 21 puntos de la denominada “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión en Democracia”, surgida en 2004 y que reunió a una vasta legión de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales del arte y la cultura junto a comunicadores, quienes se impusieron un amplio debate en el ámbito gubernamental, legislativo y universitario. En el texto se afirma que “la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial.


A la hora de los cambios, el texto legal que se impulsa para borrar la confusa y paradigmática ley de la dictadura, contiene una serie de avances en materia de acceso a la propiedad de los medios. Permite que las universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligaciones de constituirse en sociedades comerciales. Se abre el acceso a las entidades sin fines de lucro, como mutuales, sociedades de fomento, cooperativas y fundaciones, destinándose el 33 por ciento de las frecuencias previstas para cada localidad. Una de las críticas más escuchadas en los medios y en los sectores de la derecha política es el 33 por ciento reservado a los sectores de la sociedad civil, como ONG´s, universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, pueblos originarios, grupos de capacidades diferentes, minorías sexuales, colectivos inmigrantes, etc. Diversidad cultural y pluralidad de voces, ejes del proyecto de ley tan cuestionado por la radical Silvana Giudici, quien en su proyecto de ley reservaba el 40 por ciento del espectro. Cambian los vientos políticos y lo escrito se borra con el codo. Nuevos actores en el campo audiovisual, una mayor competencia en el ámbito comercial de medios y baja en las tarifas del servicio de la TV por cable, son los cambios más visibles que el gran público de medios podrá observar con la nueva legislación.


También, se promueve la definitiva regularización de los medios comunitarios. Y se garantiza que tanto las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan asignadas frecuencias del espectro radioeléctrico. En materia de contenidos, la norma prevé la regulación desde el Estado como el fomento en materia de producción de contenidos educativos e infantiles, además de la figura del Consejo Asesor sobre Audiovisual e Infancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Se estipula la protección del trabajo local y argentino mediante cuotas de pantalla de cine nacional, exigiéndose el 70 por ciento de producción nacional en las radios y el 60 por ciento en la televisión.


Hay un capítulo destinado regular los derechos de exhibición del fútbol y de otros contenidos relevantes, que rápidamente mereció el cerrado rechazo de las autoridades de la AFA y del medio que posee los derechos exclusivos en el mercado local (Torneos y Competencias). Sin embargo, antes del comienzo del actual torneo de fútbol de Primera División, desde la AFA se anuló el contrato que lo ligaba con el Grupo Clarín y se negoció con el Estado para que la TV Pública (Canal 7) se hiciera cargo de la emisión del fútbol sin exclusiones de ningún tipo hasta tanto se convoque a una licitación de canales de la TV abierta. Lo que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla en su articulado terminó por explotar ante la arrogancia de los dueños del negocio televisivo que no dudaron en apropiarse del fútbol, pasión de multitudes en la Argentina. Con el eslogan de “Fútbol para Todos”, no sólo se recuperó el fútbol en forma gratuita sino que numerosos profesionales del periodismo deportivo retornaron a la pantalla.


A modo de síntesis


“¿Por qué en 26 años esta ley no se pudo tratar?”, se preguntó en voz alta el actual interventor del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), Gabriel Mariotto. El funcionario señaló que el Estado debía garantizar la libertad de expresión sin cercenar las opiniones de nadie, aunque manifestó que bajo el principio de la libertad de expresión muchas veces se ampara el monopolio y la concentración mediática. “No es admisible que en honor a la libertad de información haya cadenas monopólicas que le quiten la voz al resto”.


En los últimos 26 años de gobiernos democráticos nunca hubo un buen momento para el debate de una ley de medios que reemplazara a la autoritaria legislación sancionada en la oscura noche del “Proceso Militar”. Insistentemente, las cámaras privadas de radio y TV plantean la excusa ante la flaqueza de argumentan que sostengan semejante petición. Es la postura que vienen sosteniendo desde el mismo día de la recuperación democrática, el 10 de diciembre de 1983. Desde entonces, sabotearon una y otra vez en cada oportunidad que gobiernos y sectores de la oposición planteaban la necesidad de un instrumento legal no contaminado por el pasado dictatorial.


La ley trata de constituirse en una solución que necesariamente tiene que ser abarcativa y contemplativa de experiencias y situaciones de cada región del país, un texto legal que se adecue a las exigencias de la Nación en general y de cada provincia en particular, tras el largo debate que se dio en el seno de la sociedad y de sus instituciones democráticas alejado de posiciones mezquinas que sólo pretenden favorecer a los intereses de los grandes multimedia. Una solución democrática y pluralista, que involucre a todo un país y su gente. El proyecto de ley ya es una realidad y es el tiempo de los diputados y senadores nacionales. Es la hora de una nueva norma en materia de medios para que todos los argentinos puedan hacer oír su voz, para que los que no tienen recursos también tengan derecho a hacerse oír y recibir toda la información.

Claudio Morales*

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